Una alternativa frente al crimen organizado en la Republica Argentina.
El interrogante que intentaré desasnar en este artículo es por qué
nuestro país, siendo un territorio tan extenso (octavo país más grande del mundo), no aborda la criminalidad compleja de manera regional e integral, por fuera de las jurisdicciones provinciales, cuando ya se ha aceptado que los esfuerzos de las agencias policiales, de investigación y de la justicia deben ser necesariamente de este tipo y no intervenciones meramente locales que soslayan aspectos fundamentales de este tipo de entretejido delictivo
* Dr. Ariel Larroude
LIMITACIONES A LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
a) En primer lugar, la ausencia de un plan regional para el abordaje al delito complejo está ligado a la idea de que la criminalidad debe ser abordada de manera local, en tanto fenómeno endémico circunscripto a un territorio determinado.
b) En segundo lugar, la ausencia de un plan regional para el abordaje al delito complejo está ligado a la falta de un diagnóstico preciso sobre la profundidad con la que opera la delincuencia organizada en la Argentina, principalmente la referida al narcotráfico.
REGIONALIZACIÓN
En el sentido expuesto, el Estado debería determinar un plan de acción elaborado sobre la base de los intereses político criminales correspondientes a la estrategia de seguridad fijada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con especial foco en los delitos de: narcotráfico (y su diversificación delictiva), trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, contrabando de armas y el lavado de activos proveniente de dichas actividades ilícitas.
Asimismo, el plan debería comprender no solo la zonificación del conflicto penal sino también su análisis, interpretación y seguimiento técnico, tanto lo que comprende a la prevención de delitos complejos, como a su represión y punición, por lo que el plan debería estar orientado para que puedan establecerse los canales necesarios para un trabajo en conjunto con entre el Poder Judicial y las agencias nacionales, provinciales y locales que coadyuvan en la cuestión criminal de alta complejidad.
La necesidad de la regionalización del análisis de la criminalidad compleja se sustenta en la dificultad de abordar ciertos delitos de manera segmentada cuando las conflictividades de competencia federal operan de manera simultánea en distintos puntos del país. Por ello deviene necesario trazar estrategias operativas que puedan identificar patrones criminales que expliquen de manera contundente el estado de situación del delito organizado, sus procesos de diversificación y la real distribución de las violencias en todo el territorio nacional a fin de darle herramientas sólidas a la administración para que por medio de sus agencias de investigación y represivas reduzcan la criminalidad según los márgenes que establece el estado de derecho.
PRINCIPIOS OPERATIVOS
Principio de excepcionalidad operativa: Las fuerzas federales son fuerzas de excepción que tienen como objeto velar por la seguridad del sistema federal de gobierno y el orden democrático, razón por la que no pueden realizar tareas de prevención y represión del delitos comunes que afectan la dimensión ordinaria de delitos.
Principio de regularidad delictiva: Las fuerzas federales deben intervenir en aquellos procesos delictivos que se manifiesten de forma regular, razón por la que la actividad de las fuerzas no depende de la mediatización o gravedad de algunos conflictos, sino de su repetición constante como problemática permanente lo que revela con las estadísticas oficiales sobre criminalidad organizada.
Principio de federalización operativa: El delito federal, por sus propias características operativas, debe ser abordado desde un enfoque regional para evitar la atomización de la respuesta estatal, la que puede variar de acuerdo a la discrecionalidad de los actores que intervienen en la operativa de las fuerzas de seguridad y de la justicia.
Principio de actuación conjunta: La regionalización del delito complejo debe también tener su correlato judicial en términos de persecución y juzgamiento en común. En este sentido se deben elaborar criterios de persecución policial y judicial que posibilite una agenda común entre los intereses político-criminales del ministerio de seguridad y el poder judicial, ya que resulta imposible diseñar estrategias preventivas, reactivas y punitivas de manera paralela y escindida.
COMANDO OPERATIVO REGIONAL
Identificadas las regiones, se propone la creación de un Comando Operativo Regional con presencia de enlaces de las cuatro Fuerzas Federales de seguridad (PFA, GNA, PSA y PNA) y un representante del Ministerio de Seguridad de la Nación (junto con un representante político de cada provincia según la región para que informe sobre la situación particular de la misma) cuya misión será dar los lineamientos necesarios para el funcionamiento del “C.O.R.” en base a los criterios establecidos por la superioridad política.
CONCLUSIÓN
La regionalización operativa de las Fuerzas Federales es un punto fundamental en cuanto a la necesidad de racionalizar el trabajo de los cuerpos policiales en la Argentina. En ese sentido, el desarrollo de nuevas herramientas que agilicen y optimicen las labores de prevención y conjuración del delito, en base a sistematizaciones estratégicas y tácticas, resultan ser eslabones necesarios de una cadena que debe tener como miras la reducción de las tasas delictivas en los marcos que establece la ley y el orden democrático. Regionalizar el trabajo de los cuerpos federales es admitir que no todas las latitudes de nuestro país ostentan las mismas dificultades ni las mismas características, es darse cuenta que no todas las conflictividades delictivas se desarrollan de igual manera ni penetran socialmente con el mismo tesón. Regionalizar es optimizar, pero, ante todo, es reevaluar los elementos preventivos, es dinamizar los elementos analíticos, es reorientar los recursos represivos, y es desarrollar una mirada complementaria a los fenómenos locales de inseguridad. Es desplegar un enfoque distinto y moderno sobre la identidad criminal argentina, como también sobre sus peligros y sus posibles amenazas a futuro.
* Dr. Ariel Larroude. Abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Política Criminal y consultor en
Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana, profesor de la materia “Política Criminal” en la Diplomatura de Política Criminal de la Universidad de San Isidro, Argentina. Director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Director del Observatorio de Política Criminal de la Ciudad de Buenos Aires (www.observatoriodepoliticacriminal.com) y autor del libro “Crimen, Política y Estado”